Los fines y los medios a examen en Venezuela

Publicado en La Voz de Lázaro, el 22 de enero de 2026

Toda vez que van transcurriendo los días, las noticias que se publican respecto de la irregular actuación del presidente Trump en contra del ilegítimo presidente de Venezuela, nos confirman que estamos en presencia de un juego de pares en el que los contrarios, en lugar de oponerse, se complementan. Resulta tan viejo como el adagio según el cual “el fin justifica los medios”. Está mal, pero ha depuesto a un dictador.

Pero ni siquiera eso es cierto, porque si el fin de esa actuación fuera la democracia para el pueblo de Venezuela, la recuperación de sus libertades civiles, la soberanía encarnada -en el plazo que se alcance ésta- en esa mujer valiente que es María Corina Machado, quizás hasta podríamos pasar página. Pero tampoco está ocurriendo así.

Al contrario. Las bambalinas de la irregular acción de Trump -que ningún tribunal internacional osará sentenciar- remiten a un pacto entre delincuentes que pretenden, uno el exclusivo negocio a cualquier precio, los otros mantener a salvo su piel y… también sus oscuras y lucrativas empresas montadas sobre el expolio de sus compatriotas.

Y el punto de partida, vale decir, la legitimidad de la victoria de Trump y la ilegitimidad del montaje mafioso del régimen chavista-madurista, no hace bueno a éste ni deja de contaminar a aquél. El pacto les iguala, porque tratar con delincuentes confesos siempre te convierte en un ser parecido a ellos, te obliga a entrar en su juego, a marcar tú también tus propias cartas, te exige desplegar tu propio abanico de trampas.

Unos -los venezolanos usurpadores de la soberanía nacional- despreciaron al estado de derecho porque les obstaculizaba sus objetivos de mantenerse en el poder y proceder al saqueo de las riquezas de su país, el otro -el todopoderoso presidente americano- porque le obstaculizaba su control total de las decisiones y esa torpe confusión entre los intereses personales, los políticos y los sociales. En sus respectivos viajes hacia su encumbramiento les sobran a ambos el parlamento, los jueces, los medios libres de comunicación, las elecciones competitivas…

Es posible que algún historiador, o periodista dotado de las fuentes adecuadas, nos refiera en algún momento el contenido de las conversaciones preliminares habidas entre Trump y Maduro. Esto es, hasta qué punto la oferta que le hizo al decreciente mandatario venezolano el hombre más poderoso del mundo era equivalente a la que haría, más o menos al mismo tiempo, a los oscuros Delcy y Diosdado. Todo resulta posible. Y hasta no parece aventurado pensar que el otrora conductor de autobuses no aceptara esa salida porque pensaba que su guarda de corps, empezando por la pareja Rodríguez-Cabello, exigirían más seguridades al jefe en cuanto al mantenimiento de su integridad personal.

No es la primera vez en la historia de la humanidad en la que los responsables secundarios -¿principales?- de un régimen se desembarazan de su presidente para ofrecerse una salida sin perder en ello excesivos pelos pegados a esa gatera. La abrupta caída de los Estados del bloque soviético es buena prueba de ello. Ahí está el caso de Ceaucescu en Rumanía, el de Enver Hoxha en Albania, y más hacia nuestro sur africano, el del Imperio Centroafricano de Bokassa.

Cuando un líder molesta, quien lo puso -o le soporta- le quita. Pero lo que no existen -creo yo- son precedentes de una actuación como la que hemos podido observar en este caso, la reconversión de una dirigencia que ha esquilmado a todo un país en servidores de los intereses de otro, y ello haciendo uso y ostentación de las mismas proclamas (pseudo) revolucionarias. Por supuesto que todo nos recuerda bastante a la utilización por los servicios secretos germano-orientales de los elementos nazis encargados del control y la eliminación de los disidentes contrarios a Hitler. Y es que conocían el oficio. ¿Qué más da que se pongan el uniforme de la Stasi o el de las SS?

Pero la pregunta sigue en pie sin que nadie por ahora pueda avanzar una respuesta: ¿está ahora más cerca la recuperación de la democracia en Venezuela que antes de la operación del palacio de Miraflores? Forzoso será decir que no está más lejos. Pero quizás habría que leer más en las ideas del secretario de estado, Marco Rubio, que en las autocomplacientes e histriónicas de su presidente. Para el primero, el reto consiste en acabar con los restos del castrismo en Cuba. Y para eso resulta imprescindible cortar el nudo gordiano que le une con Venezuela.

Ni un barril de petróleo para Cuba, diría Rubio con el puño cerrado, y una oferta de transición pacífica, abierta la otra mano. Y quizás en ese punto coincidan las aspiraciones de libertad de unos y otros. Una libertad, eso sí, tutelada por los Estados Unidos y plagada de crudo venezolano y resorts en la isla cubana presididos por banderitas de las barras y las estrellas.

Harían bien María Corina y mis amigos venezolanos en dudar acerca de los objetivos del presidente americano, y mejor en implicar a las gentes en una ocupación pacífica masiva de las calles y las plazas de sus ciudades. Una vez más, ese gran pueblo debe inundar el espacio público y demandar a los viejos dirigentes del régimen y, ahora, a los que dicen ser los nuevos responsables del mando, que éste no es un juego financiero de producción y compraventa de petróleo, que por encima de todo negocio está la dignidad de una ciudadanía y la posibilidad de que esta decida su futuro en libertad.

Las mil y una batallas de Guillermo Gortãzar

Se nos ha ido Guillermo Gortazar en un frío día de este invierno de Madrid, una estación insolente que en ocasiones se diría que acecha a los que ya ni siquiera cuentas las semanas antes del desenlace final, porque ya sólo les quedan días, acaso horas, al enfermo terminal.

Se nos ha ido en el silencio, lo que supone un singular contrapunto a su inveterada locuacidad. Porque cuando Guillermo estaba en una reunión se sabía de él, se oían sus risas como coda final de alguna explicación de no importa qué comentario.

He puesto a este obituario el calificativo de las mil y una batallas. Y es que Gortázar era un hombre combativo… de la palabra, naturalmente. Sentado lo cual no importaba qué causa hubiera que defender. Con tal de que fuera ésta justa, podía contar con su desinteresado apoyo. Y lo mismo se le veía al frente de la Fundación Hispano-Cubana, ofreciendo refugio al exilio y a la disidencia de ese tan maravilloso como abandonado pais. Lo hacía desde su sede de una casa antigua de la calle Orfila, donde congregaba a un amplio grupo de gentes que acudían a escuchar los versos declamados de poetas, las canciones o las soflamas políticas. Como se cogía los trastos para llegarse a Vitoria y congregar a los veteranos de pretéritas lides a la defensa del liberalismo fuerista, una especie de oxímoron que algún día creí entender y que ahora me parece cada vez más antitético. Por lo mismo que organizaba tertulias en el Nuevo Club para el análisis y la defensa de la monarquía, que era para él _y para mí- la mejor y quizás la única manera de defender la idea de la democracia en España. Una tertulia que derivaría en política y dialéctica, bien servida en los fogones del club de la calle Cedaceros y no menos bien regada por los caldos de su bodega.

Conocí y pude participar en todos o casi todos los proyectos a los que, con su tradicional generosidad, me invitaba Guillermo. Estuve en el patronato de la Fundación Hispano-Cubana, intentando de manera infructuosa que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, nos recibiera, afín de apoyar las subvenciones que de aquella institución procedían. Pero resultarían vanos mis esfuerzos. Al otro lado de la línea telefónica contestaba un asesor -siempre te ponen a uno- que manifestaba que “la presidenta no tiene agenda”. Supongo que después de su abrupta dimisión de ese puesto era agenda lo que la sobraría, pero ya había dejado de ser útil para los cubanos que siguen luchando contra el régimen y la penuria de recursos a la que se ven sometidos.

Tuvimos entonces que pasar por la notaría para deshacer la fundación, no sin antes cerrar ese espacio de tolerancia y libertad que constituía su sede de la calle Orfila. Hay clausuras amargas, pero las que se producen en los lugares que un día integraron la esperanza y reconfortaron a los corazones que recuerdan lo que dejaron atrás, son las más penosas que pueden recordarse.

Como ocurrió con las tertulias del Nuevo Club, en cuya primera reunión tuve la osadía de reclamar la abdicación del Rey Juan Carlos, muy poco después de que se conociera su participación en la cacería de Bostwana, su affaire con Corina Larsen (zu Sayn-Wittgenstein) o sus problemas con el fisco. Algún pariente mío, presente en esa reunión, me observaría con una mirada un tanto circunspecta.

Participaría en esas tertulias hasta que mis complicadas digestiones me lo permitieron. Y de ellas surgirían nuevas relaciones o se renovarían contactos que poco menos que habían quedado en el olvido, como el del amigo Iñaki Ezkerra, con quien había compartido no pocos momentos de tribulación en nuestro Bilbao natal.

Y también yo le hacia partícipe de mis proyectos. Como el del foro 1876, que reúne a historiadores de la Restauración con descendientes de politicos de la época, lugar de encuentro en el que Guillermo nos presentaría su biografía sobre el Conde de Romanones.

Dedicaba Hayek su Camino de Servidumbre “a los socialistas de todos los partidos”, porque es cierto que el intervencionismo constituye moneda común en la derecha y en la izquierda. Pero también cabría, y qué mejor homenaje que éste en un obituario dedicado a la memoria de Gortázar, que referirlo a “los liberales de todos los partidos”. A esos que huyen del sectarismo y se instalan en el debate, a los que están convencidos de que el contrario cuenta con una parte de la razón, a los que reclaman la inteligencia y no la subordinación a las ideas propias. 

Pero Guillermo no era sólo una persona tolerante. También era un liberal de verdad. E infatigable, además. Dispuesto a seguir combatiendo mil y una batallas, aunque las perdiera todas -como el personaje de Cien años de Soledad-. Quizás las ganara todas, pprque no hay mejor victoria que la de un hombre que no se rinde nunca. Y esa era una característica de Guillermo Gortázar que me dejará siempre su recuerdo.

El igualitarismo en España

Publicado por en la Voz de Lázaro, el 12 de enero de 2026

El historiador Carlos Dardé publicó en su día una recopilación de trabajos que había realizado sobre los años de la Restauración canovista. Le adjudicaba a ese libro el sugestivo título de “La aceptación del adversario”.

No existe mejor definición de las ideas abiertas que identifican a las democracias en relación con las autocracias que la propuesta en el señalado título. Cuando se acepta al adversario, comienza a comprenderse que uno no tiene toda la razón, lo que amerita la posibilidad de la alternancia política y, en consecuencia, admite como necesarios los controles externos al gobierno: parlamento, judicatura, en especial. Y otros: revisión de las cuentas, controles previos de legalidad…

No existe, sin embargo, un sistema perfecto, porque cualquiera de ellos depende para su eficacia de los seres humanos, imperfectos por definición. Y el poder para unos y el consiguiente alejamiento de los contrarios constituye un supuesto recurrente. Ejemplos en el señalado periodo histórico existen muchos, pero el más evidente, en mi recuerdo de lector de las páginas de la historia, es el de la coalición de las fuerzas de la izquierda dinástica y antidinástica, con el concurso del Rey, que dieron al traste con la experiencia reformista  de don Antonio Maura después de la Semana Trágica de 1909, cuya lógica contención no había sido objetada por el líder liberal, Moret.

Pero este comentario se refiere a otra cuestión. Y es ésta la del igualitarismo, que es asunto citado con frecuencia en los tiempos que corren, porque la idea de la igualdad remite de forma inevitable a la de justicia. No son, sin embargo, pacíficas las interpretaciones que se puedan plantear en torno de esa pretendida ecuación positiva. ¿Es más justa una sociedad más igualitaria?, ¿no ocurre, por el contrario, que en un sistema en el que prime la igualdad la iniciativa individual se resiente, y en lugar de crear una sociedad abierta a las ideas, a la creación de empresas y de puestos de trabajo estemos montando un sistema burocrático en el que la aspiración máxima de los jóvenes consista en convertirse en funcionarios?

En los finales del siglo XIX, que son los correspondientes al periodo señalado de la Restauración de la monarquía borbónica, después de la fallida y tumultuaria Primera República, España se nos antoja como un pais retrasado, ajeno a la idea del progreso y estancado en sus tradiciones ancestrales. Los pintores que visitaban esa España decimonónica trasladaban a sus lienzos las imágenes de toreros, curas y bailaoras de flamenco, y lo hacían con trazos oscuros, el color apenas hacía acto de presencia en sus paletas.

En esa España triste y gris, en la que las gentes se dirían atadas a sus yuntas -por utilizar la moderna expresión de una canción de Serrat- de por vida, Cánovas -según afirma el profesor Dardé- se refería a la modestia de su origen, semejante al de gran parte de los principales políticos españoles de su época, contraponiendo esta situación a lo que ocurría en Inglaterra, donde, decía el político, eran necesarias tres generaciones, al menos, para llegar desde la base de la sociedad a las más altas esferas del estado. Y, en lugar de mostrar entusiasmo alguno por tal igualitarismo, Cánovas lo juzgaba negativamente, señalando la dificultad de realizar un ascenso social tan rígido. "sin dejar ningún jirón de dignidad y honradez en la subida".

Dando por supuesto que aceptemos la reflexión de don Antonio Cánovas, quizás la podamos justificar en la idea de que Inglaterra, sometida a sus tradiciones como si de una segunda piel se tratara, es por definición una sociedad estratificada en unas clases sociales impermeables unas respecto de las otras. 

Pero no todos los autores están de acuerdo con esta tesis del político -e historiador- español, porque si la estructura social inglesa parecía inaccesible a la promoción, la fortaleza de la burguesía industrial proporcionaría a ésta el ascensor social necesario para la celebración de enlaces matrimoniales ventajosos con los hijos de procedencia aristocrática. Citaré el muy recordado caso de Jennie Jerome -más conocida como Lady Randolph Churchill-, madre del célebre Winston, que había nacido en el año 1854 en Brooklyn, y era hija de un multimillonario americano.

A pesar de la revolución, el caso francés no depararía la previsible igualación social más allá de la consideración juridica. Basta con asomarse a las páginas de la Recherche de Proust -que empezaría a publicarse en 1913- para advertir la abrumadora realidad de una sociedad cerrada a cualquier atisbo de progresión social. Y, sin ánimo de resultar exhaustivo, en Alemania , tanto el ejército como la política se encontrarían vinculados a la nobleza.

No deja de resultar cierto, sin embargo, que además de los orígenes de Cánovas, tampoco los del otro líder primigenio de la Restauración, don Práxedes Mateo-Sagasta, serían aristocráticos; los del citado don Antonio Maura en absoluto lo eran.

Se cumplía en ellos la reflexión que hacía el fundador de la Restauración. Evidencia práctica de que los estudios sociológicos no siempre se corresponden con las evidencias reales.

España, en contra de la imprudente idea que la serie Ena, de reciente emisión por la television pública manifiesta, no era “un pais de bárbaros”. Tampoco un pais de cigarreras, toros y duelos a navaja, como en el Carmen de Bizet. Tendríamos, eso sí, una burguesía débil, una economía basada en el sector primario y una elevada tasa de analfabetismo.Viajarían los barcos cargados de jóvenes que perseguían un futuro mejor en Méjico, Argentina o Venezuela. Pero no se experimentaba en nuestro país la hambruna que empujaría a la emigración de unos dos millones de irlandeses a los Estados Unidos.

Ni más iguales, ni más desiguales. Diferentes, seguramente.

Sobre el imperio de la ley (Javier Cremades)

El abogado, y también presidente de la World Jurist Association (WJA), Javier Cremades, ha escrito un libro imprescindible para conocer la situación del estado de derecho en el mundo. Su título no podría resultar más sugestivo, Sobre el imperio de la ley (Galaxia Gutemberg, 2025). Acompañan a la recensión del libro el comentario de una buena ristra de experimentados juristas, por lo que este artículo deberá por fuerza referirse a otro ámbito de la cuestión, el relativo a lo que está ocurriendo en los tiempos que corren en el mundo de las que un día fueron democracias y a los pocos años dejaron de serlo.

Vaya por delante uno de los primeros aciertos definitorios del referido trabajo. No existe —asegura Cremades- lo que con tanta frecuencia se afirma en la nomenclatura política utilizada por los comentaristas, eso que se denomina democracia iliberal, porque tal calificativo no deja de ser sino un oximoron. Si nos estamos refiriendo a la democracia como sistema de organización de la sociedad, que garantiza la separación de poderes y la protección de los derechos de las minorías y la elección limpia y transparente de los llamados a gobernar -por citar quizás las circunstancias más significativas que acompañan al concepto de democracia-, ésta no puede de ninguna manera denominarse iliberal. Es cierto que los principales enemigos de las democracias liberales, los populistas de uno y otro signo, consideran en sus declaraciones públicas y en sus textos de referencia que el demos, vale decir, la voluntad popular -la voz del pueblo- ha sido secuestrada por unas presuntas élites, y que ellos, los populistas, se afanan debidamente en recuperar. Pero esta concesión semántica a los nuevos enemigos de las democracias liberales, los populistas, lleva de la mano la aceptación de un peligroso discurso y la validación de la perversa idea según la cual existen, por lo tanto, dos tipos de democracias. Sentado este principio, cabrá preguntarse cuál de los dos modelos sirve mejor a los intereses del pueblo, quién garantiza con mayor adecuación los servicios sociales, quién combate con energía más decidida a las corruptas élites. Aceptando ese lenguaje, nos veremos obligados a defender de nuevo lo que un día pensamos que había quedado resuelto.

Muchas veces los ataques que provoca el populismo sobre las democracias en las que se asienta, proceden de un determinado artefacto ideológico que ha sido urdido en las universidades y por los pensadores que han establecido estos paradigmas. Pero en otras ocasiones se produce esta situación por causa de la incomodidad que los líderes de estos partidos sienten ante las complicaciones que los controles democráticos -los checks and balances, en términos anglosajones- les suponen para el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto. Es entonces cuando sobran el parlamento-al que convierten en correa de transmisión del gobierno-, la judicatura, los medios de comunicación libres, los partidos politicos -el caso de Venezuela, que ilustra con acierto Cremades, resulta paradigmático- o incluso la iglesia-véase el caso de Nicaragua, al que también se refiere el presidente de la WJA.

Pero el eslabón más débil de esta cadena está formado por la judicatura. Dependen los jueces para la más adecuada realización de su trabajo de los medios que le proporcione el ejecutivo, y para sus decisiones -sus sentencias- el sosiego y la tranquilidad. Y para la ejecución de éstas también exigen de la colaboración del poder político y de las gentes a quienes no les han dado la razon y, sin embargo, deben ser obligados a cumplirlas.

Todo cambia cuando los gobiernos -solos o en colaboración con las oposiciones- pretenden colonizar los órganos de gobierno de la judicatura o a demeritar sus decisiones pretextando un determinado componente ideológico -lawfare- o político. Todo se envilece, en efecto, cuando las declaraciones de los responsables públicos pretenden soslayar las responsabilidades de sus componentes convirtiendo a los juzgadores en responsables de los actos por ellos analizados. Todo degenera cuando se invierte la situación y el juez pasa de investigador a acusado. No hace falta buscar, como Diógenes con su candil, supuestos muy cercanos a nosotros de este tipo de comportamientos.

Se ha dicho con frecuencia que este siglo XXI se parece bastante al XIX. Un siglo -éste que estamos viviendo- que nació, a decir de muchos, cuando caía en 1989 el muro de Berlín y Francis Fukuyama vaticinaba el fin de la historia. En realidad, lo que daba comienzo era el retorno de la época de las soluciones simples a los problemas complejos, el regreso a la veneración de los hombres fuertes y la eliminación de los incómodos controles a su actuación, 

El año 2008 esa situación se consolidaría con la aparición de la crisis financiera que abonaba la tesis de la inutilidad de las democracias para hacer frente a los problemas planteados. Las decisiones, tantas veces erróneas, de hacer cargar a las clases medias con la solución del problema, daría lugar a la aparición de una nueva clase política que emitía los cantos de sirena de un modo de gobierno condenado, según ellos, a su desaparición. En realidad, la pretensión de estos nuevos salvadores de la patria o del pueblo, no era la de resolver los entuertos que nos habían dejado los anteriores gobernantes, sino el de sustituirlos para hacer más o menos lo mismo que aquéllos, eso sí, sin parlamento ni jueces independientes, sin prensa libre, sin partidos, sin ley -nacional o internacional-… sin democracia.

Un siglo XIX que nos llevaría -conviene no olvidarlo- al XX, con sus dos guerras mundiales, sus campos de exterminio y de concentración, sus gulags…

Cantos de sirena que, lo recordaba Ortega, los marinos tenían la instrucción de escucharlos al revés de lo que decían. 

Como ha hecho Javier Cremades al escribir este magnífico libro. Léanlo y disfrútenlo. Vale la pena. El abogado, y también presidente de la World Jurist Association (WJA), Javier Cremades, ha escrito un libro imprescindible para conocer la situación del estado de derecho en el mundo. Su título no podría resultar más sugestivo, Sobre el imperio de la ley (Galaxia Gutemberg, 2025). Acompañan a la recensión del libro el comentario de una buena ristra de experimentados juristas, por lo que este artículo deberá por fuerza referirse a otro ámbito de la cuestión, el relativo a lo que está ocurriendo en los tiempos que corren en el mundo de las que un día fueron democracias y a los pocos años dejaron de serlo.

Vaya por delante uno de los primeros aciertos definitorios del referido trabajo. No existe —asegura Cremades- lo que con tanta frecuencia se afirma en la nomenclatura política utilizada por los comentaristas, eso que se denomina democracia iliberal, porque tal calificativo no deja de ser sino un oximoron. Si nos estamos refiriendo a la democracia como sistema de organización de la sociedad, que garantiza la separación de poderes y la protección de los derechos de las minorías y la elección limpia y transparente de los llamados a gobernar -por citar quizás las circunstancias más significativas que acompañan al concepto de democracia-, ésta no puede de ninguna manera denominarse iliberal. Es cierto que los principales enemigos de las democracias liberales, los populistas de uno y otro signo, consideran en sus declaraciones públicas y en sus textos de referencia que el demos, vale decir, la voluntad popular -la voz del pueblo- ha sido secuestrada por unas presuntas élites, y que ellos, los populistas, se afanan debidamente en recuperar. Pero esta concesión semántica a los nuevos enemigos de las democracias liberales, los populistas, lleva de la mano la aceptación de un peligroso discurso y la validación de la perversa idea según la cual existen, por lo tanto, dos tipos de democracias. Sentado este principio, cabrá preguntarse cuál de los dos modelos sirve mejor a los intereses del pueblo, quién garantiza con mayor adecuación los servicios sociales, quién combate con energía más decidida a las corruptas élites. Aceptando ese lenguaje, nos veremos obligados a defender de nuevo lo que un día pensamos que había quedado resuelto.

Muchas veces los ataques que provoca el populismo sobre las democracias en las que se asienta, proceden de un determinado artefacto ideológico que ha sido urdido en las universidades y por los pensadores que han establecido estos paradigmas. Pero en otras ocasiones se produce esta situación por causa de la incomodidad que los líderes de estos partidos sienten ante las complicaciones que los controles democráticos -los checks and balances, en términos anglosajones- les suponen para el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto. Es entonces cuando sobran el parlamento-al que convierten en correa de transmisión del gobierno-, la judicatura, los medios de comunicación libres, los partidos politicos -el caso de Venezuela, que ilustra con acierto Cremades, resulta paradigmático- o incluso la iglesia-véase el caso de Nicaragua, al que también se refiere el presidente de la WJA.

Pero el eslabón más débil de esta cadena está formado por la judicatura. Dependen los jueces para la más adecuada realización de su trabajo de los medios que le proporcione el ejecutivo, y para sus decisiones -sus sentencias- el sosiego y la tranquilidad. Y para la ejecución de éstas también exigen de la colaboración del poder político y de las gentes a quienes no les han dado la razon y, sin embargo, deben ser obligados a cumplirlas.

Todo cambia cuando los gobiernos -solos o en colaboración con las oposiciones- pretenden colonizar los órganos de gobierno de la judicatura o a demeritar sus decisiones pretextando un determinado componente ideológico -lawfare- o político. Todo se envilece, en efecto, cuando las declaraciones de los responsables públicos pretenden soslayar las responsabilidades de sus componentes convirtiendo a los juzgadores en responsables de los actos por ellos analizados. Todo degenera cuando se invierte la situación y el juez pasa de investigador a acusado. No hace falta buscar, como Diógenes con su candil, supuestos muy cercanos a nosotros de este tipo de comportamientos.

Se ha dicho con frecuencia que este siglo XXI se parece bastante al XIX. Un siglo -éste que estamos viviendo- que nació, a decir de muchos, cuando caía en 1989 el muro de Berlín y Francis Fukuyama vaticinaba el fin de la historia. En realidad, lo que daba comienzo era el retorno de la época de las soluciones simples a los problemas complejos, el regreso a la veneración de los hombres fuertes y la eliminación de los incómodos controles a su actuación, 

El año 2008 esa situación se consolidaría con la aparición de la crisis financiera que abonaba la tesis de la inutilidad de las democracias para hacer frente a los problemas planteados. Las decisiones, tantas veces erróneas, de hacer cargar a las clases medias con la solución del problema, daría lugar a la aparición de una nueva clase política que emitía los cantos de sirena de un modo de gobierno condenado, según ellos, a su desaparición. En realidad, la pretensión de estos nuevos salvadores de la patria o del pueblo, no era la de resolver los entuertos que nos habían dejado los anteriores gobernantes, sino el de sustituirlos para hacer más o menos lo mismo que aquéllos, eso sí, sin parlamento ni jueces independientes, sin prensa libre, sin partidos, sin ley -nacional o internacional-… sin democracia.

Un siglo XIX que nos llevaría -conviene no olvidarlo- al XX, con sus dos guerras mundiales, sus campos de exterminio y de concentración, sus gulags…

Cantos de sirena que, lo recordaba Ortega, los marinos tenían la instrucción de escucharlos al revés de lo que decían. 

Como ha hecho Javier Cremades al escribir este magnífico libro. Léanlo y disfrútenlo. Vale la pena.

El cualumcuismo

 Publicado en El Imparcial, el 3 de enero de 2026 E

La degradación de la vida política española parece no tener fin. Se diría que nuestros compatriotas, los que no forman parte de la cada vez más abultada clase política, se encuentran succionados por una especie de agujero negro. Se trataría de una nueva modalidad del triángulo de las Bermudas compuesto por un cúmulo de desgracias. Darían estas comienzo con el gobierno de un partido acosado por la corrupción y otras malas prácticas, empeñado en sobrevivir sin mayoría parlamentaria, prorrogando los presupuestos un año tras de otro, y jugando al escondite con las Cortes Generales -aprobaremos medidas que no pasen por el Congreso, ha asegurado la ministra Elma Saiz-. Se encuentra sometido el gobierno, por lo tanto, a una agenda disolvente que -ésta sí- existe, al contrario de la inexistente del ejecutivo: el programa de los nacionalismos insolidarios, de las demagógicas reclamaciones de las extremas izquierdas y del blanqueamiento-por ahora- de los que aún tienen sus manos manchadas de sangre.

Pero el agujero negro no concluye con eso. Si el español de a pie echa la mirada hacia el otro lado del espectro político, no tendrá tampoco demasiado motivo para el contento. Observará a un Partido Popular que sólo reclama una sustitución del desastre en el que nos encontramos, lo cual, sin dejar de constituir una cierta mejora, no ofrece ninguna ilusión. Tampoco la seguridad de una mejor gestión, vista la deplorable actuación de sus gobiernos autonómicos en la Dana en Valencia o en los aparatosos incendios del pasado verano.

Más a la derecha, Vox parece empeñado en pinzar al PP con la ayuda de Sánchez, y de reforzar una llamada a la nostalgia de los tiempos felices que nunca lo fueron tanto, de una inexistente identidad homogénea y unida, irreconocibles para cualquier persona medianamente informada. En su proyecto sobrarían, por supuesto, los emigrantes, habría que excluir de la política a los nacionalistas, desterrar a la marginación a las extremas izquierdas y obligar a abjurar de sus convicciones -cualesquiera que fueran éstas- a los socialistas.

No existe tampoco liderazgo, siquiera influencia en la situación que se ha descrito, de las élites empresariales y financieras que, adheridas como lapas a las instituciones públicas, observan con satisfacción el corto plazo de los resultados positivos del IBEX, en tanto que la convivencia y la nación se desmoronan.

Quedan, eso sí, los jueces que son, a decir de muchos, la pieza más débil del estado de derecho, confrontados a la obligación cotidiana de aplicar la ley sin importar la ideología, la condición social o el género. Ocurre que, como consecuencia de su fragilidad, se les acusa de actuar movidos por la práctica de persecución al enemigo político -lawfare-, y son precisamente sus acusadores quienes utilizan a determinados órganos de la justicia -Fiscal General, abogacía del Estado- en instrumento para el beneficio propio.

Y están también los medios de comunicación (sin perjuicio de que, según la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, no llegan al 30% los españoles que se informan a través de ellos). La información contrastada y presumiblemente veraz se convierte así en un valladar contra las especulaciones y rumores emitidos por las fake news.

Queda también, navegando en solitario por mares turbulentos, la Corona, que ya se constituye en objetivo más o menos próximo a batir por la cohorte de los que van situando en su programa político la abolición del régimen del 78, del que la institución monárquica supone el arco de bóveda.

No parece entonces justo endosar a una, por otra parte, inexistente ciudadanía, la responsabilidad de este estado de las cosas. En esta democracia monitorizada por los gobiernos de uno u otro signo, diluida la certeza por la falsedad de las informaciones, polarizada la política con grave peligro de permear en la sociedad, resulta hasta comprensible que los españoles, en una inmensa mayoría, se escuden en el cualumcuismo, expresión italiana que evoca una actitud política y social caracterizada por el rechazo general a la política, a las ideologías y a la participación cívica, bajo la idea de que “todos los políticos son iguales” y “nada va a cambiar”.

No les falta razón. Y es que la necesaria activación de la ciudadanía no se produce moviendo la varita mágica de los deseos que nunca se cumplen. Ciudadanía y política son ecuaciones que se retroalimentan de manera recíproca. Son precisos proyectos claros y objetivos concretos que convoquen a las gentes a una acción determinada. Si no existen esos proyectos no habrá quien se apunte a su consecución.

Nuestras gentes están ahí. Su posibilidad de firmar una solicitud, adherirse a un manifiesto o integrar una asociación requiere de una actuación previa, y ésta de la determinación de lo que de ellos se pretenda conseguir. La ciudadanía no crece en un tubo de ensayo, como si de un experimento se tratara. 

Pero tampoco conviene hacer de ella un instrumento alternativo cuando la política ni siquiera está dispuesta a realizar su trabajo. Si la oposición no actúa como debe en el parlamento, no parece responsable convocar a los españoles a que exijan en las calles lo que ellos no reclaman en la cámara representativa.

El respeto a la sociedad civil se convierte así en la piedra de toque que combate el cualumcuismo. De lo contrario se parecerán nuestras gentes a los afiliados de los partidos de masas, ésos a los que se convoca cada cierto tiempo para que aplaudan en los mítines y engrósenlo las mesas electorales.

La evitación del cualumcuismo -la activación de la ciudadanía- requiere, por lo tanto, de objetivos precisos y de respeto a los españoles . Y que cada uno haga el trabajo que le corresponda.

De lo contrario, las gentes de nuestro país se encerrarán en la mejor gestión de sus asuntos profesionales y familiares, y se dirán a sí mismos que no merece la pena emplear -¿malgastar?- su tiempo en las cosas que siempre seguirán siendo iguales, cualesquiera que sean los que nos gobiernen.